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La prueba indiciaria es esencial en casos de desaparición forzosa o de la mal llamada “limpieza social”, pero es posible recurrir al mismo en muchas ocasiones. Pero indicio no es cualquier cosa. No es una sospecha gratuita o lo mismo que un chisme.

La situación técnica del indicio es como sigue:

“La existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar, y 3. Una inferencia lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer. Es así como desde 1894, el insigne tratadista Carlos Lessona, enseñaba, refiriéndose a la estructura del indicio que este: “…se forma con un razonamiento que haga constar las relaciones de causalidad o de conexión entre un hecho probado y otro a probarse…”; o en términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: “el hecho conocido o indicador debe estar plenamente demostrado en el proceso, esto es, debe ser un hecho que tenga certeza jurídica y que sirva de base para a través de inferencias lógicas realizadas por el juez en el acto de fallar, permitan llegar a deducir el hecho desconocido”. (…) Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto.” ((CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00998-01(25180) Actor: OVIDIO ADOLFO ARDILA Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA)

Los indicios deben estar acreditados mediante pruebas directas. En la misma sentencia recién citada, que tiene ver con un caso de limpieza social, se recuerdan las clases de indicioes:

““Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece ” (misma sentencia; es una cita a sentencia de la Corte Suprema de Justicia)

Los hechos se presentaron en el municipio de Yarumal, Antioquia. Como suele ocurrir, aunque cayeron presuntos culpables y la criminalidad descendió, también cayeron inocentes. Esta sentencia se refiere a una situación que probablemente se ha presentado en muchas partes del país (guerrilla, delincuencia, amenazas, grupos irregulares de presunta justicia, etc.), con muchos rumores y afirmaciones de presunto miedo de actuar por la conducta de las autoridades o de grupos armados.

Advierte el Consejo de Estado, entre otras cosas y al estudiar el asunto:

“A pesar de no haberse proferido condena penal por el homicidio de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, su muerte ocurrió bajo el mismo patrón de extrañas circunstancias que rodearon tantas otras muertes –forma de actuar por la que se hizo identificar el grupo “los Doce Apóstoles”-, y hoy en día resulta incontrovertible que las fuerzas armadas del Estado –puntualmente la Policía-, auspiciaron y favorecieron dichas operaciones de “limpieza social”, objetivo original que dio pie al nacimiento y conformación de grupos paramilitares en la región. “ (misma sentencia)

Y llega a afirmar, por ejemplo:

“Así las cosas, evidenciados e integrados los hechos indicadores, lo inverosímil y
desarticulado de toda lógica sería desligar la muerte de Ovidio Adolfo Ardila Elorza
con el accionar delictivo de la banda de “los Doce Apóstoles”, como increíble sería
ignorar que miembros activos de la Policía Nacional participaban de las
ejecuciones, algunos por acción y otros por omisión.

En efecto, la existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. “ (misma sentencia)

Es decir, los indicios apuntan en esa dirección. Y así concluye para declarar responsabilidad estatal:

“De lo expuesto, se tiene por probado que en razón a los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Yarumal, se inició una investigación penal contra varios civiles y miembros activos de la Policía Nacional y, si bien es cierto, éstos fueron absueltos en consideración a la pobre instrucción del ente acusador en el proceso, no se puede desconocer que existían graves indicios en su contra relacionados con su participación en actividades criminales, como la desaparición, amenazas, intimidación y homicidio de habitantes de ese municipio.

Lo anterior se deduce claramente de los testimonios que hacen parte del proceso penal, en donde –objetivamente-, se da cuenta de la grave situación de orden público que se vivía en el municipio y de las actividades sospechosas y delincuenciales que se presentaron en la época en que murió el joven Ardila Elorza, de las que hacían parte miembros de la institución policial y el ejército. Adicionalmente, al inicio de la investigación penal, se corroboró la muerte de varios habitantes del Municipio, atribuidos por sus familiares al mal llamado grupo de limpieza social.

En este estado de cosas, se infiere con nitidez o claridad, que de lo que dan cuenta los autos, es de la ejecución de un ciudadano en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social”, que constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado. “ (misma sentencia)