¿Tienen derecho los padres a intervenir en la educación de sus hijos?

Desde luego.

En Colombia cursa un proyecto de ley denominado los padres eligen.

Resulta sorprendente la oposición de corte totalitario a una ley que recalca el papel principal de padres en la educación de los hijos, la cual consta en tratados de derechos humanos. Es un derecho humano. No es materia de pareceres. Los gobiernos de corte totalitario no quieren injerencia de los padres para poder moldear a los menores.

Consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos:

«Artículo 26: (…) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.»

Declaración Universal de Derechos Humanos

Lo mismo consta en el Pacto de San José:

«Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión. (…) 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.»

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969

Además advierte la Constitución Política de Colombia:

«Artículo 68. (…) Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.»

Constitución Política de 1991

Adicionalmente, tenemos la Convención de los Derechos del Niño.

«Artículo 5. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.»

Convención sobre los Derechos del Niño

En todo el mundo se presentan casos de educación inapropiada para niños. Veamos un caso en Estados Unidos.

Ya en Colombia se dio un enorme debate alrededor de una cartilla en la que el gobierno invirtió alrededor de 1500 millones.

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