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En Colombia no es técnicamente apropiado hablar de legislación de «comercio electrónico», sino de intercambio electrónico de datos IDE, por ello la ley 527 de 1999 tiene como encabezado «por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones». El comercio electrónico es solamente una de las posibilidades del intercambio electrónico de datos.

La ley 527 de 1999 hunde sus raíces en la ley modelo de UNCITRAL (CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) de comercio electrónico (ver «1996 – Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno, junto con su nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998«),  y llevó el valor de los mensajes de datos más allá de las previsiones de la ley modelo. Sin embargo, hay antecedentes importantes en la legislación colombiana, como el artículo 95 de la ley 270 de 1996 «Estatutaria de la administración de justicia»:

«ART. 95.»”Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.» (respecto de este artículo, ver la sentencia C-037/1996).

Al menos dos sentencias de la Corte Constitucional tratan en forma principal de la ley 527 de 1999: la C-662 de 2000 y la C-831 de 2001.

La ley 527 de 1999 al poco tiempo fue modificada por la ley 588 de 2000 «por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial», en cuyo  artículo 1 se lee:

«Artículo 1°. Notariado y competencias adicionales. El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial.

Parágrafo 1°. Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999.

Parágrafo 2°. Las notarías y consulados podrán transmitir como mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se refiere el literal a) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999, a otros notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 527 de 1999.»

Otras leyes que se refieren a la ley 527 de 1999, aplicándola, son las siguientes:

  • Ley 795 de 2003 «por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones» (art. 6)
  • Ley 906 de 2004 «por la cual se expide el Código de Procedimiento por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal» (art. 275, por ejemplo)
  • Ley 962 de 2005 «por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos», art. 6.:

«Artículo 6°. Medios tecnológicos. Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.

La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.

Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública.

En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama.

La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento.

Parágrafo 1°. Las entidades y organismos de la Administración Pública deberán hacer públicos los medios tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización.

Parágrafo 2°. En todo caso, el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para adelantar trámites y competencias de la Administración Pública deberá garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Parágrafo 3°. Cuando la sustanciación de las actuaciones y actos administrativos se realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán ser sustituidas por un certificado digital que asegure la identidad del suscriptor, de conformidad con lo que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.»

Un caso interesante de aplicación de la ley 527 de 1999, es la reglamentación de reuniones virtuales de concejos municipales. Elló ocurrió con el decreto 2255 de 2002, decreto de conmoción interior que fue objeto de examen por la Corte Constitucional en la sentencia C-008 de 2003. Decretos ordinarios de la ley 527 de 1999 son:

  • Decreto 1747 de 2000 «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales»
  • Decreto 2170 de 2002 «por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999»

Sobre este tema, sugiero leer el artículo « FUNDAMENTOS DEL MARCO JURíDICO DEL COMERCIO ELECTRí“NICO, LA CONTRATACIí“N  Y LA EMPRESA ELECTRí“NICA» del dr. Nelson Remolina Angarita, en la Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad de los Andes, Revista No. 2. Septiembre de 2006.

Finalmente, hace relativamente poco se dio una sentencia de tutela relacionada con la aplicación de la ley de intercambio electrónico de datos y la administración de justicia: la sentencia T-686 de 2007.

Para un análisis comparativo de la legislación a nivel de la CAN (Pacto Andino), sugiero el documento «Legislación sobre Comercio Electrónico en los Países Miembros de la Comunidad Andina» de María Gabriela Sarmiento, realizado bajo patrocinio de la UIT (clic aquí para ir a los anexos del documento).