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El año pasado se presentó, ante al Corte Constitucional, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7° de la Ley 72 de 1989 y 59 del Decreto-Ley 1900 de 1990. El tema de la demanda era la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que se pagan al Fondo de Comunicaciones.  El tema quedó definido con la sentencia C-927 de 2006 de esa alta corporación.

El art. 59 D.L. 1900/90 sostiene:

«Todas las concesiones, autorizaciones, permisos y registros de que trata el presente decreto darán lugar, sin excepción alguna, al pago de derechos, tasas o tarifas a la entidad otorgante. Su fijación la hará el Ministerio de Comunicaciones, en los términos señalados en la Ley 72 de 1989.
 
 Estos cobros podrán ser fijos o tomar la forma de participaciones porcentuales, o establecerse según el número de usuarios o por unidad de volumen de tráfico u otra medida técnica que se considere apropiada, o una combinación de las anteriores.» (art. 59, D.L. 1900/90)

La demanda sostenía que, por tratarse de una norma tributaria, su redacción y algunos aspectos de trámite, tornaban en inconstitucional la norma, por lo cual pedía la declaratoria de inexequibilidad, sin embargo, no solamente que la Corte Constitucional desechó tal tesis al punto de declararse inhibida de fallar por la falencia del argumento, sino que hace suya la tesis del Ministerio de Comunicaciones respecto de la distinción del servicio, la red y el espectro, que hemos construido en la entidad también con el paso del tiempo. Así las cosas, en esta sentencia queda claro:
 
1. Que los arts. 7° de la Ley 72 de 1989 y 59 del Decreto-Ley 1900 de 1990 no son normas de naturaleza tributaria, sino  derechos que cobra el Estado. Existe un extenso análisis en la sentencia sobre esto.
 
2.  Que la Corte Constitucional acoge nuestro modelo de «títulos habilitantes» entendiendo como tales los instrumentos legales para acceder al uso del servicio (concesión), de la red (autorización) o del espectro (permiso).
 
Cito un aparte ilustrativo de la sentencia:
 

«En conclusión, las contraprestaciones que surgen por el permiso para el uso del espectro electromagnético, por la autorización para la instalación de redes de telecomunicaciones y por las concesiones que legitiman la prestación de los servicios de transmisión de datos, tienen la naturaleza de ingresos no tributarios del Estado, cuyo origen es la expedición de un título habilitante de raigambre voluntario o contractual, sujeto a la previa y expresa aprobación del Estado. No se trata de obligaciones tributarias pues lejos de tener su fuente en un acto legal impositivo, proceden de la libre iniciativa de un particular que pretende beneficiarse o lograr un margen de utilidad por el uso o la explotación de un bien de propiedad exclusiva del Estado, el cual, en este caso, son los canales radioeléctricos y demás medios de transmisión. » (Sent. C-927/06, Corte COnst.)
 

Los invito, pues, a estudiar este fallo, que debemos tener muy presente en todo momento dada su enorme relación con las bases legales del derecho de las telecomunicaciones en Colombia.

Debe recordarse que esta tema fue tratado en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, de 4 de agosto de 1995, expediente 5681, actor Luis Fernando Villegas Gutiérrez, ponente Consejero Delio Gómez Leyva. En dicho fallo se advirtió que las contraprestaciones del D. L. 1900/90 no son ingresos tributarios.