Solicitud de información y datos personales

He observado que en materia de administración de datos se incurre con frecuencia en el error de entender qué es un dato personal. Eso tiene como consecuencia que fácilmente se viola la ley, al considerar que es pública una información que no lo es. 

En relación con lo que debe entenderse por dato personal, recordó la Sentencia T-238/18 de la Corte Constitucional:

“Una primera tipología distingue entre la información personal y la impersonal. De conformidad con el literal c) del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “[c]ualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;”

(Sentencia T-238/18, resalté)

Eso significa que el espectro de información pública es más restringido de lo que se supone. Es cierto que la Ley 1712 de 2014 señala en el art. 2 que «Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública…» pero también lo es que ese mismo párrafo se cierra con la advertencia de que igual deben tenerse en cuenta las limitaciones de ley. Por ejemplo, consta en esa ley, art. 18, que

«…el acceso a la información pública clasificada puede ser denegado con los objetivos de proteger los derechos a la intimidad, la vida, la salud y la seguridad del titular de los datos y de impedir la divulgación de los secretos comerciales, industriales y profesionales.»

(Auto 1678/22, Corte Const.)

El acceso a la información pública es además extremadamente casuístico, lo que supone también prudencia en las decisiones que se tomen al respecto. Pensemos en la siguiente pregunta: ¿información remitida a un proceso penal tiene reserva, ya que el expediente penal la tiene? Eso solo puede responderse con un precedente, es decir, con una solución a un problema análogo al que se quiere resolver, como el caso de la sentencia T-511 de 2010, Corte Constitucional, en el cual, y para el caso concreto de solicitud de un listado de personal de la fuerza pública ya remitido a un proceso penal, se respondió que ello no convertía esa lista en información reservada. Eso es un solo aspecto, existen muchos otros problemas en la materia. Por ejemplo, ¿debe una entidad pública remitir información pública organizada en un Excel, si lo pide el interesado? La solución es la misma que antes: se debe seguir un precedente. Una cosa es que la información sea pública y otra que deba organizarse a gusto del solicitante, como se decidió en la Sentencia T-451/11 de la Corte Constitucional, donde se advirtió precisamente que la organización en Excel de una información pública no era obligatoria.

Ahora bien, ¿Qué pasa con el suministro de información entre autoridades?

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