La evidencia digital en el derecho colombiano

Desde la expedición de la ley 527 de 1999 «por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones», en su momento un hito a nivel continental, la Administración de Justicia en Colombia no ha incorporado en profundidad los principios y reglas que contiene, en especial el de equivalencia funcional:

«Artículo 6º, L. 527/99. Escrito, Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.»

Sin embargo, el principio de equivalencia funcional reposa realmente en varias artículos de la ley (al respecto: «Algunos comentarios sobre el principio del equivalente funcional en la ley 527 de 1999» del dr. Andrés Felipe Umaña Chaux, en la Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad de los Andes).

Sobre el principio, ha dicho la Corte Constitucional:

«- Equivalentes funcionales

El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los «equivalentes funcionales» que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas.

Se adoptó el criterio flexible de «equivalente funcional», que tuviera en cuenta los requisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel.

En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley.» (Sentencia C-662 de 2000, Corte Constitucional)

Por eso es interesante examinar el artículo «Valoración de la evidencia digital: Análisis y propuesta en el contexto de la administración de justicia en Colombia» de los profesores de la Universidad de los Andes Jeimy J. Cano y Andrea Rueda Plazas, ambos miembros del GECTI de esa institución.

Sobre el mismo tema, también resulta interesante examinar:

– el DOCUMENTO GECTI No. 7 de 2006, destinado a la Comunidad en general, cuyo asunto es «Buenas prácticas en la administración de la evidencia digital»,

– el artículo «Estampado cronológico, archivo y conservación de mensajes de datos como medidas de seguridad jurídica preventiva» de Erick Rincón Cárdenas, publicado en la Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías No. 2. Septiembre de 2006, del GECTI.

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