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Resulta sorprendente que no exista un estudio de la eficiencia del gasto público en software, sobretodo teniendo presente que hay entidades que continuamente están invirtiendo en desarrollo de sistemas de información a la medida, o en programas que no se necesitan o son subutilizados. Es una historia larga, que quizás se remonte al enorme gasto en sistematización de la justicia alrededor de los noventas que nunca fructificó, tal como luego ha ocurrido en muchísimas entidades.

Pero la pregunta hoy debe comenzar por algo muy elemental: ¿Por qué se invierte en software costoso que tal vez puede ser reemplazado con software mucho más barato o incluso gratuito? Ahora que estamos en la era del software libre y del software de código abierto, ¿por qué el Estado no cambia a soluciones basadas en herramientas de ese tipo? Si usted va a una oficina pública, seguramente verá que los funcionarios utilizan Microsoft Office, producto que es bastante caro, pero también notará que probablemente la mayoría de ellos, como creo que pasa con la mayoría de las personas, no hacen con el computador sino un uso más bien primitivo, es decir, lo aprovechan poco más que lo que aprovecharían una máquina de escribir electrónica.

Ya es hora de que el Estado comience a reflexionar en la posibilidad de migrar a herramientas como OpenOffice o StarOffice, MySQL, servidores Apache, desarrollos en PHP, plataformas como ECLIPSE, etcétera. Es posible que en varios casos debe usarse software propietario, pero es hora de que se produzca una reflexión a fondo sobre uso de software libre o de código abierto en el Estado, sin olvidar que el software libre es diferente del software de código abierto, y que no necesariamente ninguno supone que estemos ante software gratuito, pero eso es otro tema.