En el ejercicio del derecho y la función administrativa, la determinación exacta de los términos temporales y la fijación del momento en que una disposición adquiere fuerza vinculante no constituyen formalidades accesorias; representan garantías estructurales del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. La falta de precisión en el cómputo de un plazo acarrea consecuencias definitivas: desde la pérdida de oportunidad de un recurso o la consolidación de la caducidad de una acción, hasta la transgresión de garantías fundamentales.
1. La exclusión del día inicial en términos fijados en días
Para los plazos fijados en días dentro de las actuaciones judiciales y administrativas, rige el principio de exclusión del día en que tiene lugar el hecho generador —sea este la expedición, notificación, comunicación o publicación del acto—.
El artículo 59 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal) consagra la regla matriz: los plazos de días señalados en las leyes o en los actos oficiales se entiende que han de ser completos, razón por la cual se empieza a contar el día siguiente a la fecha de la ley o del acto de que se trate.
En sede procesal y administrativa, este principio se articula con el artículo 118 del Código General del Proceso (aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA): los términos en días hábiles empiezan a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se surte legalmente la respectiva notificación o comunicación.
2. Inicio del cómputo en actos administrativos particulares que requieren notificación
Tratándose de actos administrativos de carácter particular y concreto, el hecho generador que habilita el cómputo de términos para interponer recursos o demandar judicialmente no es su expedición ni su suscripción, sino la culminación válida de su notificación legal, condición ineludible de eficacia y firmeza (artículos 72 y 87 del CPACA).
-
Notificación personal: El término para interponer recursos (diez días hábiles, conforme al artículo 76 del CPACA) corre a partir del día hábil siguiente al de la suscripción del acta de notificación respectiva.
-
Notificación por aviso (soporte físico): Conforme al artículo 69 del CPACA, la notificación por aviso se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. En consecuencia, el cómputo de los diez días para recurrir principia al día hábil siguiente a aquel en que la notificación se tuvo por legalmente perfeccionada.
-
Notificación por medios electrónicos: De acuerdo con el artículo 56 del CPACA (modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021), la notificación electrónica queda formalmente surtida en la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, circunstancia certificada por la administración. No obstante, por expresa disposición del legislador, los términos empiezan a contarse a partir de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que la notificación quede surtida.
3. El cómputo en plazos fijados en meses y años
A diferencia de los términos en días hábiles, los plazos fijados por meses o por años obedecen a un criterio de calendario continuo.
-
Regla del calendario común: Conforme al artículo 59 de la Ley 4 de 1913 y al artículo 118 del Código General del Proceso, los plazos de meses y años se computan según el calendario común. Durante su transcurso no se descuentan los días feriados ni los fines de semana.
-
Vencimiento correlativo: En aplicación del artículo 118 del Código General del Proceso, el plazo fijado en meses o en años concluye al finalizar el mismo día correlativo del respectivo mes o año de vencimiento.
-
Meses de menor duración: Cuando el mes en el que debe expirar el término carece del día correlativo (por ejemplo, plazos iniciados el 30 o 31 que fenezcan en febrero o en meses de 30 días), el plazo concluye el último día de dicho mes.
-
Momento límite de fenecimiento: El artículo 60 de la Ley 4 de 1913 establece que cuando un acto deba ejecutarse dentro de cierto plazo, vale si se ejecuta antes de la medianoche del último día, sin perjuicio de los horarios reglamentarios de atención y radicación electrónica o física adoptados por las entidades públicas y despachos judiciales.
4. La prórroga legal automática ante vencimiento en día inhábil
Tanto para términos contabilizados en días como para los fijados en meses o años, opera una regla de salvaguarda cuando el día final coincide con una jornada no laborable.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 y el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso, cuando el último día de un término legal o judicial sea feriado o inhábil, el plazo no expira en dicha fecha, sino que se extiende automáticamente hasta el primer día hábil siguiente.
5. Singularidades en la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El ejercicio de la acción contencioso-administrativa a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del CPACA) plantea diferencias sustanciales frente al régimen de recursos en sede administrativa:
-
Término general en meses (calendario común): Conforme al artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, la demanda debe presentarse dentro del término de cuatro (4) meses. Al ser un término fijado en meses, se contabiliza por calendario ininterrumpido (fecha a fecha correlativa), sin excluir fines de semana ni festivos intermedios.
-
Punto de partida: El cómputo arranca a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso (artículo 164, numeral 2, literal d del CPACA). En los actos particulares sujetos a recursos, la jurisprudencia contenciosa entiende por «ejecución» el momento en que adquiere firmeza o ejecutoria el acto (artículo 87 del CPACA), corriendo el plazo a partir del día siguiente a dicha consolidación.
-
Actos fictos por silencio administrativo: Conforme al artículo 164, numeral 1, literal d) del CPACA, cuando la demanda se dirija contra actos fictos resultantes de peticiones iniciales, la acción podrá intentarse en cualquier tiempo, no operando el término preclusivo de cuatro meses mientras la administración no expida acto administrativo expreso.
-
Excepción en controversias sobre prestaciones periódicas: El artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA consagra que la acción puede intentarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas (como pensiones o reajustes). En estos eventos, el derecho de acción no caduca; sin embargo, opera la prescripción trienal de los derechos crediticios causados, de modo que no habrá lugar a reclamar las sumas causadas a favor del demandante y no reclamadas durante los tres (3) años anteriores a la presentación de la demanda.
-
Suspensión del término por conciliación extrajudicial (Ley 2220 de 2022): A diferencia del régimen supletorio de la Ley 4 de 1913, el trámite prejudicial de conciliación ante el Ministerio Público (requisito de procedibilidad del artículo 161 del CPACA) suspende el término de caducidad por mandato expreso del artículo 113 de la Ley 2220 de 2022. La suspensión opera desde la radicación de la solicitud hasta que se expidan las constancias, se logre el acuerdo o venza el plazo máximo improrrogable de tres (3) meses; lo que ocurra primero. Al cesar la causal de suspensión, el conteo se reanuda por el término restante; empero, si al momento de reanudarse restaren menos de veinte (20) días para que opere la caducidad, dicho plazo legal se ampliará automáticamente a veinte (20) días.
6. Vigencia, promulgación y eficacia temporal de las normas
La obligatoriedad de una disposición general está subordinada a su publicidad material. Mientras no se complete el trámite de divulgación oficial, el precepto carece de eficacia y no resulta exigible a los ciudadanos.
El orden nacional y el Diario Oficial
A nivel nacional, las leyes y actos administrativos de alcance general entran en vigor a partir de su publicación oficial en el Diario Oficial, salvo disposición expresa en contrario adoptada por el legislador o la autoridad reguladora.
Este mandato descansa en el artículo 52 de la Ley 4 de 1913 y el artículo 6 de la Ley 57 de 1887 (Código Civil). La Corte Constitucional (en decisiones de unificación y control abstracto como las Sentencias C-957 de 1999, C-444 de 2011 y C-415 de 2014) ha reiterado que la publicación oficial otorga oponibilidad a la norma, impidiendo que se exija su cumplimiento antes de ser conocida legalmente. Dicho principio sustenta el artículo 9 del Código Civil, según el cual la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
La figura de la vacatio legis
La vacatio legis corresponde al lapso temporal que transcurre entre la promulgación oficial de una disposición y el instante en que comienza a desplegar fuerza vinculante.
El legislador cuenta con la facultad constitucional de postergar la entrada en vigor de una ley fijando una fecha futura determinada o un plazo posterior a su publicación. Esta figura permite que la ciudadanía, la judicatura y la administración asimilen el contenido de la reforma y adopten los ajustes operativos e institucionales indispensables para su debida aplicación. Si la ley no señala fecha de vigencia, opera la regla supletoria del artículo 52 de la Ley 4 de 1913, según la cual su observancia principia dos meses después de promulgada.
El orden territorial y las gacetas oficiales
En departamentos, distritos y municipios, los actos administrativos de carácter general (ordenanzas de las Asambleas, acuerdos de los Concejos y decretos de gobernadores y alcaldes) no se publican en el Diario Oficial, sino en las gacetas territoriales o boletines oficiales idóneos.
El artículo 65 del CPACA establece taxativamente que los actos administrativos de contenido general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según corresponda. La eficacia vinculante de la normativa territorial queda supeditada a dicha publicación oficial en su respectiva jurisdicción.
Recuerde que en todo caso, un ejercicio real debe adelantarse con ayuda de un profesional en derecho.