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En otras ocasiones me he referido al problema de la aplicación ciega de la ley (por ejemplo en «La razonabilidad en la interpretación de la ley»). En la misma línea, es interesante tener presente que existen normas que, en apariencia, solamente pueden aplicarse de una forma, pero que por fortuna la jurisprudencia ha demostrado que así tal sea la situación, la norma debe interpretarse. Uno de los casos es el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001), según el cual (cito parcialmente el artículo)

«(…)

…si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.

(…)»

¿Significa este texto tan claro, que forzosamente, en ausencia de una de las dos partes, deben aplicarse las consecuencias allí previstas? La respuesta es: no necesariamente, porque ello no exime al juez del análisis pertinente. Tal fue el caso del Expediente No.28398, tramitado ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, fallado el 6 de marzo de 2007 («recurso de casación interpuesto por el apoderado de FRANCISCO SIMACA RUIZ contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS -INAT-«). En el curso del proceso, la parte demandada no acudió a la audiencia del art. 77 C.P. del T. y de la S.S., pero el fallador, examinando el material probatorio disponible, denegó las pretensiones, habiéndose negado a dar por ciertos los hechos de la demanda, lo cual fue justamente el motivo de que se acudiera en casación, la cual fue decidida en contra, primero porque:

«(…) lo que indica la norma, de manera clara, es establecer una presunción de certeza sobre los hechos susceptibles de confesión, pero en ningún caso impide que el juzgador dentro de su facultad de libre apreciación de las pruebas llegue a otras conclusiones. En el presente caso, los documentos visibles a folios 26, 27, 28, 32, 45 y 46 y los testimonios de los señores Armando Pacheco Navarro, Emilesio Arcel Arciria y Eder Miguel Pérez León.» (citado de la sentencia)

Y segundo, porque en todo caso lo que obraba en el expediente justificaba perfectamente la conclusión a la cual se llegó en la sentencia.

Este no es un caso aislado en la jurisprudencia colombiana, ni mucho menos. Existen otros pronunciamientos en sentido similar, esto es, en rechazar la aplicación ciega de las normas. En un caso, por ejemplo, se llegó a hablar de la aplicación «matemática» de las leyes laborales:

«Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña «las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen…….la naturaleza humana que las inspira y justifica.» (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, 9 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, Radicación No. 27750, Acta No. 80, Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de mayo de 2005 en el proceso ordinario laboral que promovió JAVIER RAMÍREZ CUARTAS contra la FEDERACIí“N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA)

Pero existe además una sentencia de la Corte Constitucional que es supremamente importante para la discusión que venimos haciendo. En ella, al estudiar la acusación de inconstitucionalidad de diversas normas procesales, de corte similar a la mencionada más atrás, la Corte Constitucional se ocupó de la aplicación de todas ellas frente al artículo 33 de la Constitución, que a la letra dice:

«Artículo 33, C.P..- Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.»

Una de los cosas que se manifestó en la sentencia, y para el caso de falta de contestación de una demanda, fue lo siguiente:

«4.7 Todo lo dicho anteriormente conduce a demostrar que actuaciones tales como la contestación de la demanda, decretar interrogatorios de parte, testimonios de terceros etc., corresponden al lícito ejercicio de la actividad probatoria en el proceso, previsto en el artículo 175 del C. de P.C., y que la apreciación por parte del juez de los indicios y de las presunciones también hace parte de la actividad lícita de este funcionario en el proceso.

En otras palabras, la mera circunstancia de que no se conteste la demanda o no se acuda a los interrogatorios decretados como prueba en el proceso, no implica ipso facto, que la presunción o el indicio que esta conducta implica, según la ley, conduzca a que el juez se vea impelido a dictar sentencia desfavorable a los intereses de quien actuó de esa manera, porque llevan consigo una confesión obtenida en violación del principio de no autoincriminación.» (Sentencia C-102 de 2005, Corte Constitucional)

Dice en otra parte de la sentencia sobre el mismo punto:

«La no contestación de la demanda será tenida en cuenta por el juez como una de las conductas para deducir indicios (art. 249 del mismo Código), indicios que por mandato de la ley, deberán ser apreciados en conjunto por el juez «teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso» (art. 250 ibídem).» (Sentencia C-102 de 2005, Corte Constitucional)

Para lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad en derecho laboral, aplicado en muchas ocasiones con la más grosera ceguera por muchos jueces, la Corte Constitucional recuerda que aquel también merece reflexión:

«La Corte no niega que el recurso a la razonabilidad, por la imprecisión del término, parece no decir mucho sobre cuáles son las características de una interpretación admisible. Sobre el punto, la Corte adelantará algunos de los criterios que permiten identificar una interpretación como razonable y objetiva; estos criterios son: (i) la corrección de la fundamentación jurídica, (ii) la aplicación judicial o administrativa reiterada, y (iii) la corrección y suficiencia de la argumentación. El criterio de razonabilidad de la interpretación como producto de una correcta fundamentación jurídica, es un desarrollo del artículo 53 de la Constitución, en la medida en que la duda debe surgir a partir de una divergencia interpretativa sobre las fuentes formales del derecho. Esto implica que las opciones hermenéuticas, por un lado deben encuadrar en el marco semántico de las disposiciones de las fuentes formales, y de otro, deben estar en consonancia con las disposiciones de la Constitución. Sólo serán admisibles como razonables, aquellas interpretaciones de las fuentes formales, que además de encuadrarse en el marco de las disposiciones normativas respectivas, también se correspondan con la interpretación autorizada de las normas constitucionales. El criterio de razonabilidad de la interpretación como producto de su aplicación administrativa y judicial reiterada, es un desarrollo del artículo 13 de la Constitución, en la medida en que garantiza uniformidad en la forma en que el derecho objetivo se concreta en las prácticas sociales: ya sea en la decisión judicial de controversias o en el funcionamiento ordinario de la administración. Además, la aplicación reiterada de ciertas interpretaciones de las disposiciones jurídicas ofrece un elemento de objetividad que permite a su vez cualificar, en los casos problemáticos, cuando se está en presencia de una duda objetiva y no se trata en cambio de un eventual capricho del operador jurídico. Finalmente, el criterio de razonabilidad de la interpretación como resultado de un proceso de argumentación suficiente, es un desarrollo del artículo 29 de la Constitución, en la medida en que se proscribe la arbitrariedad del operador jurídico y se exige que su actuación esté debidamente motivada. El control racional del discurso jurídico está determinado entonces por la posibilidad real de escrutinio sobre las razones para la decisión de los operadores jurídicos: que sea posible un juicio sobre la suficiencia de los argumentos, su idoneidad, su corrección, y su pertinencia. Por otra parte, además de la razonabilidad, las interpretaciones deben ser efectivamente concurrentes al caso bajo estudio. Es decir, las opciones hermenéuticas deben aplicar a los supuestos de hecho de las disposiciones en juego y a las situaciones que delimiten fácticamente cada caso bajo examen. En este sentido, no sería admisible hablar de dos interpretaciones divergentes cuando se pueda establecer que las mismas no son aplicables a un mismo supuesto de hecho o que no consulten los límites fácticos de los casos por resolver.» (Sentencia T-545 de 2004, Corte Const.

Esto debería recordar a todos que eso de «dura lex, sed lex» puede ser lisa y llanamente inconstitucional.

«»18. En relación con el argumento «dura lex, sed lex», este sólo resulta admisible si la ley es compatible con la Constitución. Dicha compatibilidad implica no sólo que normativamente no sea contradictoria, sino que no tenga por consecuencia la amenaza de derechos fundamentales de los asociados.» (Sentencia T-340/04 Corte Constitucional )

Finalmente, también quiero invitar a leer con detenimiento la Sentencia C-544 de 2007 de la Corte Constitucional, en la cual se hace un análisis de una norma acusada con base en el tenor literal de la misma, y a partir de allí indica por qué no fue procedente en ese caso la declaratoria de inexequibilidad condicionada.