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Un error común es creer que es lo mismo la improcedencia de una acción de tutela que la negación de la protección, siendo que son dos cosas distintas. Para ilustrar dicha diferencia, puede tenerse presente la Sentencia T-002/09 de la Corte Constitucional, en la cual se discutió un caso de hábeas data en enero de 2009. El caso es el de una ciudadana que reclamaba su inclusión en DATACREDITO por parte de un almacén, a causa de una deuda solidaria de 1994 de cuyo incumplimiento nunca fue notificada. El primer análisis tuvo que ver con la procedibilidad:

"En su jurisprudencia , la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al hábeas data, exige que se agote el requisito de procedibilidad consistente en que el actor haya hecho solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él, pues así se desprende del contenido del artículo 42, numeral 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la procedencia de la acción de tutela contra particulares" (Sentencia T-002/09 de la Corte Constitucional)

Menciona la sentencia que

"…al momento de proferir esta sentencia, el Proyecto de Ley Estatutaria 027 de 2006 (Senado), 221 de 2007 (Cámara), ya fue objeto de control previo de constitucionalidad por esta corporación (sentencia C-1011 de octubre 16 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño), pero aún está pendiente la realización de trámites posteriores para la expedición de la consiguiente ley." (citado de la sentencia)

Posteriormente, revisando el caso, advierte:

"…que no obra prueba alguna en el expediente, que permita establecer si la señora María Antonia Choles Mejía presentó solicitud para que se actualizara el reporte sobre ella, después del pago de la deuda. Esto hace improcedente la petición de amparo, ya que no se puede omitir tal requisito según ha reiterado esta corporación, por ejemplo en la precitada sentencia T-857 de 1999" (citado de la sentencia)

Y concluye:

"Quedando claro que no se desconoce el derecho a la demandante a la actualización y modificación del reporte, para que conste la situación actual real, esto es, que en diciembre 21 de 2007 se efectúo a Muebles Jamar S.A. el pago voluntario del total de la deuda, según lo manifestado en precedencia, la Sala modificará el fallo proferido por el Juzgado 9° Civil Municipal de Barranquilla, en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, mas no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse que no procede." (citado de la sentencia)